
Hace nada salió lo de Ifeza, que pudo tirar por la calle del medio y abrir sin permisos por aquello de "ser vos quién sois", y en Madrid conocemos todos la gran cuchipanda que se montó en torno a las licencias municipales, concedidas no sólo a dedo, sino también por riguroso orden de mordida.
Con semejantes mimbres, y las que se callan, a uno le queda preguntarse qué puñetas tienen que decir los ayuntamientos sobre los negocios que se abren o los que se dejan de abrir, y por qué no se hace en este país con las licencias como en otros lugares, con más libertades reales, donde lo que existen son unas normas que cumplir, y cada cual puede abrir lo que le parezca o hacer las obras que quiera en el entendido de que si no se cumplen esas normas el ayuntamiento te puede meter una sanción de órdago, o directamente el cierre.
Si las normas existen, y son públicas, y conocidas, no se comprende la manía de exigir el permiso previo del ayuntamiento para la obra o para la apertura. No se entiende a menos que la razón real sea repartir privilegios y prebendas, favorecer al afín y castigar al contrario. No se entiende, a menos que debamos suponer que los ayuntamientos lo que quieren es tenernos pendientes de sus caprichos administrativos para retrasar cualquier iniciativa, y retrasarla porque sí.
¿Quien me tiene que decir a mí si puedo o no puedo abrir una churrería? Yo la abro, y si resulta que la extracción de humos no cumple las normas, o los techos son demasiado bajos, o el suelo es resbaladizo, o el plan urbanístico no permite ese chiringuito en la calle en que yo abrí, pues me empaquetan o me cierran, y para otra vez espabilo. Pero un permiso previo, ¿por qué?, ¿quién se han creído que son?
La respuesta es evidente: se han creído los amos, porque nos llaman ciudadanos pero nos consideran súbditos. Piensan que el cargo que ocupan es de designación divina, en vez de deberlo a la voluntad popular. Piensan que el dinero que administran es suyo, y no de todos.
El permiso previo es en realidad una petición de venia, para que aprendamos quién manda y ante quién tenemos que inclinarnos. Es una muestra, una más, de que algunos funcionarios se consideran parte de una nueva nobleza con derecho de pernada y muchos ayuntamientos se ven a sí mismos como castillos donde viven los señores mientras fuera, como siempre, la chusma suplica sus favores.
Y no, oigan: el ayuntamiento es nuestro. Y su puesto. Y su sueldo. Aunque no se acuerden de ello más que en las elecciones y con la boca pequeña.
Aunque nosotros mismos lo olvidemos a veces.
Con semejantes mimbres, y las que se callan, a uno le queda preguntarse qué puñetas tienen que decir los ayuntamientos sobre los negocios que se abren o los que se dejan de abrir, y por qué no se hace en este país con las licencias como en otros lugares, con más libertades reales, donde lo que existen son unas normas que cumplir, y cada cual puede abrir lo que le parezca o hacer las obras que quiera en el entendido de que si no se cumplen esas normas el ayuntamiento te puede meter una sanción de órdago, o directamente el cierre.
Si las normas existen, y son públicas, y conocidas, no se comprende la manía de exigir el permiso previo del ayuntamiento para la obra o para la apertura. No se entiende a menos que la razón real sea repartir privilegios y prebendas, favorecer al afín y castigar al contrario. No se entiende, a menos que debamos suponer que los ayuntamientos lo que quieren es tenernos pendientes de sus caprichos administrativos para retrasar cualquier iniciativa, y retrasarla porque sí.
¿Quien me tiene que decir a mí si puedo o no puedo abrir una churrería? Yo la abro, y si resulta que la extracción de humos no cumple las normas, o los techos son demasiado bajos, o el suelo es resbaladizo, o el plan urbanístico no permite ese chiringuito en la calle en que yo abrí, pues me empaquetan o me cierran, y para otra vez espabilo. Pero un permiso previo, ¿por qué?, ¿quién se han creído que son?
La respuesta es evidente: se han creído los amos, porque nos llaman ciudadanos pero nos consideran súbditos. Piensan que el cargo que ocupan es de designación divina, en vez de deberlo a la voluntad popular. Piensan que el dinero que administran es suyo, y no de todos.
El permiso previo es en realidad una petición de venia, para que aprendamos quién manda y ante quién tenemos que inclinarnos. Es una muestra, una más, de que algunos funcionarios se consideran parte de una nueva nobleza con derecho de pernada y muchos ayuntamientos se ven a sí mismos como castillos donde viven los señores mientras fuera, como siempre, la chusma suplica sus favores.
Y no, oigan: el ayuntamiento es nuestro. Y su puesto. Y su sueldo. Aunque no se acuerden de ello más que en las elecciones y con la boca pequeña.
Aunque nosotros mismos lo olvidemos a veces.
+de+p09839.gif)







