El Gobierno en la sombra

Tranquilos todos, que no voy a hablar de los ministros que han pasado por la cárcel, ni de los que deberían haber pasado y se han librado de milagro. Por esta vez, no.
Desde hace ya bastante tiempo asistimos a la judicialización de la vida pública, tanto en lo político como en lo económico. Cada vez que surge un tema de verdadera importancia, alguna de las partes acaba buscando amparo en los tribunales, de modo y manera que la decisión pueda aplazarse unos cuantos años y quizás, sólo quizás, maquillarse de manera conveniente.
Y el caso es que tengo para mí que cuando asuntos del calado del Estatuto de Cataluña o la OPA de Gas Natural sobre Endesa acaban en los juzgados es porque hay quien cree que las cosas se resuelven más tranquilamente en ese foro que en el parlamento o en el mercado.
Los políticos y los que manejan el dinero han descubierto las fallas del sistema judicial y tratan de aprovecharlas en su favor. En primer lugar, cuando un asunto es transferido a los juzgados, se tiene la total seguridad de que pasarán años antes de que estos tomen una decisión, y entre tanto, los que controlan los resortes del poder se permiten hacer lo que les venga en gana. Es la impunidad total del que sabe que el tiempo trabaja a su favor, mientras que el ciudadano de a pie ve como el tiempo siempre va en contra suya. Es la política de hechos consumados mientras se dicta sentencia, y luego ya se verá si se recurre o si se incumple directamente.
Por otro lado, llevar un asunto a los juzgados equivale no sólo a enterrarlo en el tiempo, sino a sacarlo de la esfera de lo opinable. Los jueces son imparciales, santos, y casi benditos, y como no se les puede criticar, las decisiones que toman quedan fuera de lo que se discute en el día a día. De este modo, los ciudadanos nos encontramos con que los asuntos que debían estar en el ámbito de nuestra soberanía van alejándose lentamente hasta quedar en una especie de limbo donde no podemos hacer nada; ni quejarnos siquiera.
Los partidos políticos se reparten rigurosamente los nombramientos de los altos tribunales y del Poder Judicial, y luego juegan a la ficción de que el tercer poder sigue siendo independiente, de manera que ellos siguen su lucha a través de personas interpuestas a las que ni podemos elegir, ni podemos remover cuando no nos convencen.
Cuando un asunto está en el parlamento, o en la Junta, o en el Ayuntamiento, podemos influir sobre él con nuestro voto. Pero si el asunto ha pasado a la audiencia, sólo nos queda jorobarnos con la interpretación que el juez de turno quiera darle a las leyes. Y no se puede decir que se limitan a dictar sentencias con las leyes que los políticos aprueban, porque si sólo fuese eso no habría enfrentamientos de seis contra seis en lugares clave como el Tribunal Constitucional.
Las leyes son interpretables porque las hacen interpretables, o porque los que las leen las descifran según su conveniencia, pero el caso es que buena parte de la vida publica está en manos de unos señores que no hemos elegido nadie, que no podemos mover de donde están y sobre los que recaen las más serias sospechas de partidismo y tendenciosidad. Por su nombramiento. Por su mecánica interna. Por sus vicios adquiridos.
Los jueces deberían serlos garantes del estado de derecho, pero tal y como vemos últimamente, se están convirtiendo en una especie de Gobierno en la sombra al que no elegimos.
Y la cosa ira a peor, porque nada hay más humano que aferrarse al poder que uno ha conseguido.
Ya lo verán.